La crisis política en Honduras se agudiza debido al rechazo que ha generado en algunos ámbitos una consulta popular que quiere realizar este domingo el presidente con vistas a un cambio constitucional que, según sus críticos, busca su continuidad en el poder.
En su deseo de reformar la Constitución y permitir la reelección presidencial continua, el presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, convocó para el próximo domingo a un plesbiscito para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Sin embargo el Tribunal Supremo Electoral considera ilegal la iniciativa.
Inclusive el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobó una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Considerando que las elecciones presidenciales están previstas para el noviembre, está claro que la oposición parlamentaria logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.
Lo anterior no ha impedido que Zelaya y sus partidarios insistan en el referéndum del domingo. Para esto quiere aprovechar la capacidad logistica del ejercito para que instale la maquinaria para que los hondureños puedan votar.
Por su parte el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ordenó a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. El apoyo del ejercito al tribunal electoral hizo que este miércoles Zelaya destituyera al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.
Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido".
Como si de una novela se tratara, la Corte Suprema pidió este jueves que se restituya al general Romeo Vásquez en el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al considerar "ilegal" la decisión del presidente Manuel Zelaya de destituirlo.
"No haremos caso a la Corte Suprema, que nunca ha resuelto los grandes juicios que afectan al país. Esa corte no hace justicia y es una vergüenza para los hondureños", dijo Zelaya la tarde de este jueves en un discurso en la plaza Libertad, contigua a su despacho, donde se congregaron varios miles de simpatizantes en respuesta a la medida adoptada por la Corte Suprema.
A lo anterior se suma el hecho que Tegucigalpa amaneció el jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.
El gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es que el gobierno ha anunciado el inminente nombramiento del general Edgardo Mejía como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, la pregunta que salta es a cuál de los dos generales los soldados van a obedecer.
Inclusive la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para hoy viernes, a petición del Gobierno de Honduras, una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para evaluar la difícil situación política en el país centroamericano.
El Gobierno de Honduras quiere que el organismo regional envíe una misión de apoyo al país centroamericano, que facilite un acercamiento de las partes en conflicto y ayude a fortalecer la normalidad institucional y democrática.
Zelaya, a pesar de ser elegido presidente en 2006 al frente de una candidatura conservadora, ha dado un giro a la izquierda durante su mandato al reforzar las relaciones de Honduras con Cuba y Venezuela y adherirse a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), la iniciativa de integración regional promovida por aquellos países y formada también por Bolivia, Ecuador, Nicaragua y varias islas caribeñas.
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